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Ronald Hill Álvarez
mailto:hillron@hotmail.com
 Nueva
Guinea, RAAS-Jan, 27-06-El Editorial de La Prensa del viernes 21 de
Enero titulado “Las Elecciones en el Caribe” hace referencia a que
“en este proceso los ciudadanos caribeños tienen la oportunidad, cada
cuatro años, de elegir a sus autoridades en el ámbito regional, en el
marco de la autonomía que establecen y garantizan la Constitución Política
de la Republica y la Ley 28, que es el estatuto de la Autonomía de las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica”. Además, el referido
editorial, brinda información que muchos ciudadanos nicaragüenses
desconocen al señalar, “…
elegirán a 45 miembros de cada Consejo Regional, del Sur y del Norte.
Esos consejos, posteriormente escogerán de entre ellos a una junta
directiva de siete miembros (un presidente, dos vicepresidentes, dos
secretarios y dos vocales), así como al Coordinador Regional, que es la
persona que representa oficialmente a la región y ejerce de manera práctica
y legal las funciones del gobernador regional”. Luego pasa a hacer un análisis
del significado de las mismas, en relación a las elecciones generales próximas
en la que se elegirán Presidente de la Republica, diputados de la
Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano,
en relación a la suerte que tendrán los disidentes del PLC y del
FSLN, Eduardo Montealegre y Herty Lewites, respectivamente, en términos
de ganancia política teniendo como referente este proceso caribeño de
cara a las elecciones nacionales. Y ese análisis tiene toda validez porque se enfrentan a la
hegemonía, que en procesos electorales anteriores, las principales
fuerzas políticas del país han tenido en el Caribe sin muchos frutos
positivos una vez que asumen el poder.
En las
elecciones del Caribe, al igual que las generales, hay mucho en juego. No
se trata solamente de ver el proceso desde el prisma de las “nuevas
fuerzas políticas emergentes” sino desde el significado de estas para
el desarrollo de esa inmensa zona que representa más del 50% del
territorio nacional y que posee el mayor potencial de desarrollo, en
relación al resto del país, por la grandeza de los recursos naturales
que la naturaleza le ha brindado. Pero claro esta que es a los ciudadanos
de las regiones autónomas a los que les compete realizar dichas
valoraciones y es allí donde surge la pregunta ¿Qué es lo que las
fuerzas políticas nacionales ofrecen a los ciudadanos del Caribe una vez
que asuman posesión en los consejos regionales? ¿Cuál es su oferta
programática que puede contribuir a resolver los grandes problemas del
Caribe y de su población? Son realmente capaces de cumplirlas
considerando que son manejados como títeres desde Managua y poniendo por
encima los intereses partidarios a los de la nación y las regiones autónomas?
La realidad nos indica que se trata siempre de lo mismo.
El inicio
de la campaña
electoral de las Regiones Autónomas se ha caracterizado por ser un
espacio para que los aspirantes a ser nominados como candidatos a
Presidente de la Republica por sus partidos políticos, de cara a las
elecciones generales del 5 de noviembre próximo, hagan desde ya campaña
en su propio beneficio además de la burda practica política de
deslegitimar a sus contrincantes por encima de elaborar propuestas más
consistentes y de mayor atractivo para los ciudadanos y para el desarrollo
del Caribe. Prevalece la figura del líder del partido por encima de la
proyección de los candidatos a concejales regionales lo que convierte a
este proceso en el anfiteatro de las elecciones de Noviembre tal como lo
indica el editorial señalado, pero que el mismo sacrifica y resta
proyección a los caribeños escogidos por esos mismos partidos para optar
a cargos en los concejos regionales.
La apatía
en el proceso electoral reflejada en el desconocimiento de los candidatos
a ocupar cargos como concejales regionales y sus propuestas, provoca altos
índices de abstencionismo, por parte de los ciudadanos caribeños, tanto
del norte como del sur, lo que es un indicador de gran fuerza que debe ser
considerado por todos los nicaragüenses porque nos envía señales de que
se están cumpliendo procesos establecidos en la ley pero que los mismos
no están dando los resultados para los cuales fueron diseñados producto
del actuar de los mismos partidos políticos y las instituciones del
Estado que violentan las leyes del país.
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