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Ronald
Hill Álvarez
hillron@hotmail.com
 Nueva
Guinea, RAAS-Nov. 21-06-Nicaragua ha practicado uno de los procesos más
importantes de la democracia al elegir sus ciudadanos a los nuevos
gobernantes en el ejecutivo y en la asamblea nacional. Todas las fuerzas
políticas, en mayor o menor medida según los resultados electorales con
representación en la asamblea nacional, hicieron promesas
durante la campaña electoral y deberán trabajar para cumplirlas. Para
los costeños, los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense, está por
encima de promesas que luego se incumplen, la reivindicación de nuestros
derechos a vivir una vida digna y en armonía entre nuestros diferentes
grupos étnicos, con su propias particularidades y formas de ver el mundo,
así como con el resto de nuestros hermanos de la región del pacifico y
central. Para ello, el nuevo gobierno debe cumplir con la reivindicación
histórica del Caribe Nicaragüense, de lo contrario volveremos siempre a
la marginación y aprovechamiento de nuestros recursos por parte de
agentes externos e internos inescrupulosos y, sin lugar a dudas, caeremos
en los mas bajos niveles de pobreza del país, en la trampa del narcotráfico
y continuara la migración de nuestros jóvenes ante una nación que no
logra generar las alternativas que históricamente se demandan en el marco
del proceso autonómico que se vive.
Porque no es posible que los pueblos de la
Costa Caribe Nicaragüense reivindiquen sus derechos a tener una vida
digna si hasta la saciedad es del conocimiento de la nación que en ese
inmenso territorio se encuentran las mayores riquezas del país? La
respuesta es sencilla: porque ningún gobierno ha tenido la voluntad política
de trabajar para lograrlo y cumplir lo que establece nuestra Constitución
Política en Titulo I, capitulo único y articulo V “El
Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en
especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus
propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales;
así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el
goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para
las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía
en la presente Constitución”. Con el solo hecho de que los
gobernantes cumplan con lo que manda la Constitución, además de jurar
que la harán cumplir cuando asumen la banda presidencial, la Costa Caribe
Nicaragüense reivindicaría su derecho al progreso y bienestar.
Ese es un reto histórico para Nicaragua
entera, más aun cuando estamos en los albores del siglo XXI. El país no
puede continuar teniendo dos grandes territorios: uno que progresa y otro
que cada vez más se empobrece producto de una visión sesgada y etnocéntrica
de los gobernantes que consideran al Caribe como frontera natural para
explotar sus recursos. Esa visión no puede continuar en un nuevo gobierno
después del 10 de Enero del 2007.
La Costa Caribe Nicaragüense debe ser
valorada en su dimensión política, económica, social, cultural y geográfica.
Para ello es urgente que se profundice el proceso autonómico, que
conlleva aciertos y desaciertos, pero que es el camino que la nación ha
trazado para reivindicar a los habitantes de ese inmenso territorio. Ese
camino implica que se garantice el derecho de los pueblos indígenas al
uso y usufructo de sus tierras en el marco de la ley de tierras. Propiciar
condiciones para que se puedan desarrollar los Programas de Educación y
Salud diseñados en el marco autonómico y el trabajo armónico por parte
del ejecutivo con los Consejos Regionales del Norte y Sur es prioritario
para generar condiciones de progreso y bienestar. Esto implica redefinir
el marco y forma de las relaciones del gobierno central con las Regiones
Autonómicas.
De igual manera y con
urgencia se deberá definir una estrategia que incorpore a los municipios
de El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea y Paiwas al proceso autonómico
o, en caso contrario, debatir y profundizar la viabilidad de crear un
nuevo departamento con ellos y puedan así participar activamente en la
gestión del desarrollo de su territorio y población, derecho que hasta
hoy la autonomía no ha logrado llevar a esa zona llamada Zelaya Central. |
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